El gobierno de Santa Cruz ha reforzado su compromiso con la seguridad laboral en la mina Cerro Negro, operada por Newmont, después de un trágico accidente que cobró la vida de dos jóvenes mineros santacruceños, Daniel Ochoa y Rosana Ledesma.
Ariel Aravena, secretario de Estado de Trabajo y Seguridad Social de la provincia, enfatizó que «la seguridad no es negociable; es un derecho fundamental de cada trabajador» y destacó el compromiso del gobierno provincial en supervisar de cerca las prácticas de seguridad en la minería y en todos los sectores productivos.
Desde diciembre, el gobierno ha llevado a cabo siete inspecciones en Cerro Negro, detectando múltiples deficiencias en seguridad e higiene, que han resultado en dos suspensiones de actividades. La compañía había sido citada a Casa de Gobierno debido a incumplimientos en seguridad, pero inicialmente sus directivos no asistieron.
Para enfrentar estas problemáticas, el gobierno provincial ha conformado un equipo interdisciplinario integrado por el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Energía, la Secretaría de Minería y el cuerpo de bomberos.
Este esfuerzo conjunto destaca el compromiso de la provincia con la seguridad laboral, una prioridad que busca asegurar que todas las empresas adopten prácticas adecuadas y prevengan riesgos innecesarios
La familia de las víctimas ha expresado su preocupación por las deficiencias en los protocolos de seguridad en Cerro Negro y por la forma en que se han manejado las comunicaciones y la asistencia en el lugar del incidente. Newmont Cerro Negro informó que se ha enfocado en brindar apoyo a las familias y compañeros de los mineros fallecidos y ha destacado su respeto por las investigaciones en curso.