La comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de Santa Cruz aprobó el proyecto de Ley N° 289/24, que busca adherir a la provincia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa, impulsada por el diputado Piero Boffi, promete atraer grandes inversiones y potenciar el desarrollo regional. Sin embargo, la oposición al régimen crece, con críticas de organizaciones sindicales y sectores de izquierda que advierten sobre posibles impactos negativos en la economía regional y las pymes locales.
Desde el bloque de Unión Por la Patria, se manifestaron en contra de esta adhesión, argumentando que representa una amenaza directa para la industria nacional y un duro golpe a las pymes. «Sabemos que este régimen favorece a grandes inversores extranjeros, otorgándoles beneficios y exenciones fiscales que comprometen el futuro de Santa Cruz por los próximos 30 años», señalaron.
La oposición sostiene que la adhesión a esta ley entrega el control de los recursos naturales y energéticos a intereses extranjeros, poniendo en riesgo el futuro de las familias santacruceñas y afectando sus fuentes de trabajo y bienestar. «No podemos permitir que se tomen decisiones que no tienen en cuenta la realidad productiva de nuestra provincia y las necesidades de nuestra gente», agregaron.
El debate sobre la adhesión al RIGI sigue abierto, con argumentos a favor y en contra. Mientras tanto, la Legislatura de Santa Cruz deberá considerar las implicaciones de esta decisión para el futuro de la provincia. ¿Es el RIGI favorable para el desarrollo de la industria en Santa Cruz o no? La respuesta dependerá de la reglamentación detallada a nivel nacional y de la capacidad de la provincia para aprovechar las oportunidades que ofrece el régimen sin comprometer los intereses locales.