El Gobierno de Santa Cruz intensificó las inspecciones en el yacimiento minero Cerro Negro, operado por Newmont, y confirmó el inicio de sumarios administrativos luego de detectar distintas falencias operativas y vinculadas a la seguridad.
El secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, explicó que las actuaciones forman parte de un programa general de fiscalización y no de una medida dirigida específicamente contra la compañía. Los operativos se desarrollan de manera coordinada con distintas áreas gubernamentales y organizaciones gremiales.
Preocupación por las condiciones de seguridad
Según detalló el funcionario, durante las inspecciones realizadas en el sector de Boca de Mina se detectaron situaciones que motivaron la apertura de actuaciones administrativas. Entre los puntos señalados también aparece la falta de personal jerárquico considerado clave para una operación de estas características, en un complejo donde trabajan más de 1.200 personas.
Aravena manifestó además preocupación por las deficiencias que persisten en materia de prevención y recordó el antecedente de la tragedia en la que murieron dos trabajadores hace más de dos años. También hizo referencia a irregularidades observadas recientemente en equipos destinados a la medición de gases durante inspecciones técnicas.
Empleo local bajo fiscalización
Otro de los ejes de los controles está puesto en el cumplimiento de la Ley 70/10 y la prioridad para la contratación de mano de obra santacruceña.
Desde Trabajo señalaron que se fiscalizarán posibles irregularidades relacionadas con declaraciones de domicilio de trabajadores provenientes de otras jurisdicciones. El objetivo planteado por la Provincia es garantizar que las oportunidades laborales generadas por la actividad tengan mayor impacto entre los residentes de Santa Cruz.
Aravena también abrió la discusión sobre el aporte económico de la minería y consideró necesario revisar los esquemas de regalías y contribuciones del sector extractivo. En ese sentido, sostuvo que el desarrollo de los recursos naturales debe traducirse en beneficios concretos para las comunidades, particularmente en infraestructura, salud y educación.
Fuente: La Gaceta de Santa Cruz